La inconstitucionalidad de la plusvalía municipal

london-1082180_1920Una reciente Sentencia del Tribunal Constitucional (16 de febrero de 2017) ha provocado un vuelco en la regulación y aplicación del impuesto sobre incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, la conocida como “plusvalía municipal”.

El Tribunal ha declarado inconstitucionales y nulos determinados artículos de la normativa de este impuesto, en concreto aquellos referidos al cálculo de la base imponible ya que actualmente se tributa no sólo cuando efectivamente ha habido un incremento de valor de los terrenos, sino también cuando no se ha producido dicho incremento o incluso si ha habido una disminución de valor.

Con la regulación actual, para calcular el incremento de valor de los terrenos, en el momento de producirse una transmisión se aplican sobre el valor catastral del suelo unos coeficientes que se multiplican por los años de tenencia del bien hasta un máximo de 20. De este modo se está creando, injustamente a mi entender, un incremento ficticio que obliga a pagar el impuesto incluso en el caso de que hubiera habido una disminución del valor real del bien, algo relativamente habitual en los últimos años.

Dada la trascendencia de esta resolución del Tribunal Constitucional y la confusión sobre los efectos que puede conllevar creo conveniente explicar algunos puntos sobre la misma.

1º.- En primer lugar hay que decir que la Sentencia se refiere a la normativa foral de Guipuzkoa. Ha sido el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Donostia quien ha planteado la cuestión de constitucionalidad sobre la regulación que tiene el impuesto en la normativa foral y por tanto sus efectos se limitan inicialmente a dicho ámbito. Los artículos declarados nulos son el 4.1; el 4.2 a) y 7.4 de la Norma Foral 16/1989. No obstante es muy importante precisar que estos artículos coinciden con los de la normativa estatal del mismo impuesto, con lo que no cabe duda que va a tener claros efectos en la normativa común del resto del Estado.

2º.- El impuesto no ha sido declarado nulo en su totalidad. El propio Tribunal Constitucional deja claro que sólo se han declarado inconstitucionales y nulos los artículos reseñados cuando someten a tributación “situaciones inexpresivas de capacidad económica”, es decir, cuando no se ha producido un aumento real del valor del terreno en el momento de la transmisión impidiendo a los sujetos pasivos acreditar esta circunstancia.

Cualquier otro punto de la regulación del impuesto ha quedado fuera de discusión en esta Sentencia, lo cual no impide que no se pueda reclamar en otras situaciones que se consideren injustas, tal como podría ser en los casos en los que sí que se ha producido un incremento de valor aunque muy inferior al resultante de aplicar el método de cálculo de la normativa, tal como en alguna ocasión se ha pronunciado favorablemente algún Tribunal Económico-Administrativo.

3º.- El fallo de la Sentencia es muy claro: declara inconstitucionales y nulos los artículos referidos. En principio esta declaración de nulidad abre la vía para que pueda reclamarse la devolución de aquellos pagos del impuesto efectuados siempre que la liquidación no haya adquirido firmeza. En cualquier caso estimo que el interesado deberá acreditar que no se produjo el incremento de valor por el que tuvo que tributar.

En mi opinión esta Sentencia ha supuesto una ráfaga de aire fresco en una regulación normativa que creaba la injusta ficción de que siempre que se llevaba a cabo una transmisión se producía un incremento de valor del terreno sin que el sujeto pasivo tuviera opción de demostrar lo contrario. Cabe esperar que tras esta resolución se produzca una modificación de la normativa de este impuesto. Habrá que estar atentos a su desarrollo.

Se agradece que de vez en cuando se pongan en valor principios básicos de nuestro ordenamiento jurídico tales como la equidad, el principio de capacidad económica o la tutela judicial efectiva. Una normativa que no atiende escrupulosamente estos principios merece un pronunciamiento como el que se ha producido: su declaración de nulidad e inconstitucionalidad.

Pedro Pablo Maestro.

 

 

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